En la masacre murieron once campesinos y seis policías, y provocó el cese del presidente Fernando Lugo. El pasado 11 de julio, once personas fueron condenadas a penas de entre 4 y 30 años de prisión por las muertes de 17 personas en el 2012.

Esa sentencia motivó la reacción de Zeid Ra’ad Al Hussein que mostró su preocupación ante la falta de investigación de las muertes de los campesinos, así como por las denuncias de que algunos de ellos fueron ejecutados tras ser torturados.

La Cancillería paraguaya aseguró que estas muertes fueron investigadas a través de “un procedimiento interno de la policía para dilucidar responsabilidades”.

En el mismo comunicado, el organismo afirmó que la actuación de la policía en la masacre de Curuguaty (este), que se produjo cuando más de 300 policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban, “fue de reacción y se circunscribió a la legítima defensa”.

Además, aseguró que las declaraciones de Zeid acerca de que la defensa de los campesinos procesados por el caso Curuguaty no tuvo las garantías previstas en la ley son “erróneas”, dado que los procesados “contaron con asistencia legal brindada por el Ministerio de la Defensa Pública y por abogados particulares”.

La cancillería informó que el representante permanente de Paraguay en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Juan Aguerre, se reunió con Zeid para expresarle que sus declaraciones sobre el caso son “improcedentes”, y contienen “imprecisiones y falsas informaciones”.

En 2013, el Alto Comisionado pidió a Paraguay una investigación “inmediata, independiente e imparcial” que tomase en cuenta “las acusaciones de graves irregularidades en las actuaciones de Ministerio Público, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad” en relación al caso.

Asimismo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que el pasado abril Paraguay se comprometió a crear una comisión independiente de investigación para esclarecer las denuncias que envuelven el caso Curuguaty.

La creación de esta comisión fue aprobada por la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa el pasado miércoles, alegando que el Parlamento no tiene competencia para analizar las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el proceso, y que esta tarea corresponde a los órganos judiciales.

La Cancillería afirmó en su comunicado que “la eventual creación de una Comisión Independiente” para investigar los hechos relacionados con la masacre es “una prerrogativa exclusiva del Congreso Nacional”.

En el transcurso de esta tarde se reportó un incendio en una unidad del transporte público sobre las calles Julia Miranda Cueto y Rodríguez de Francia de San Lorenzo.

Se trata de un ómnibus perteneciente a la empresa de transporte Lince S.R.L., que explota la Línea 26, y que fue consumido completamente por el fuego.

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Según el relato del chofer, escuchó un ruido en el motor y posteriormente se produjo una explosión, dando inicio a las llamas que, en cuestión de minutos, se extendieron por todo el colectivo.

Bomberos voluntarios de San Lorenzo y Fernando de la Mora acudieron al sitio para sofocar las llamas, aunque no lograron evitar que el transporte público quedara reducido a cenizas.

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Al momento en que se produjo el siniestro, unos 40 pasajeros circulaban a bordo, aunque todos lograron evacuar el bus a tiempo y así evitar una tragedia.

Como daño colateral, un vehículo que se encontraba estacionado cerca del lugar del incendio se vio afectado por el intenso calor, así como también las cartelerías de un casino.

En la madrugada del sábado se registró un asalto a mano armada a la altura del Km 50 de la Ruta PY07, en la Colonia La Fortuna de la ciudad de Hernandarias.

Entre siete a ocho personas armadas y con el rostro cubierto interceptaron un camión transportador perteneciente a la empresa AlJada que iba con destino a la localidad de Salto del Guairá.

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Según el relato del conductor, los delincuentes efectuaron disparos contra el parabrisas del camión con el propósito de obligarlo a detener la marcha, tras lo cual procedieron a concretar su golpe.

Fue así como los “piratas del asfalto” trasladaron el vehículo hasta una zona boscosa, a fin de poder apoderarse de varias de las mercaderías. Previamente, maniataron al chofer, de nombre Juan Esteban Estigarribia Franco (32).

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Los autores del atraco se alzaron con un total de 21 cajas que contenían teléfonos celulares y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil que sería de la marca Toyota modelo Premio o Allion de color negro, de acuerdo al informe policial.

El Comisario Feliciano Martínez, jefe de la Dirección de Policía del Alto Paraná, confirmó que la empresa no solicitó el acompañamiento policial para el traslado de las mercaderías.

Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía, en la jornada de ayer llevaron a cabo una intervención en el Club Atlético Colegiales.

Dicho procedimiento fue impulsado a raíz de las múltiples denuncias por polución sonora formuladas por vecinos de la zona.

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Como medida de urgencia, el municipio procedió a la suspensión de actividades del emblemático club lambareño, formalizada a través de la Resolución N° 4862/2024.

Conocido por sus icónicas fiestas bailables, Colegiales también solía ser foco de altercados y hechos de violencia que se daban dentro y fuera del local.

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En reiteradas ocasiones, la Policía y la comuna de Lambaré recepcionaron quejas relacionadas con el alto volumen de la música y las molestias que ello generaba entre los moradores.